No es país para prevención

Tras analizar los datos a mi disposición, he llegado a la conclusión de que uno de los problemas más grave de este país —y, desafortunadamente, de otros también— es que, hasta que no pase algo muy grave, no se presta demasiada atención a las denuncias.

Dicho de otra manera, alertar de un peligro para evitar que ocurra algo peor suele ser una pérdida de tiempo: mientras no haya muertos —y, a veces, ni siquiera cuando los hay—, nadie hace nada.

Con estas premisas, no es difícil entender por qué es tan complicado (y prácticamente imposible) conseguir cambios en la sociedad.

Según mi opinión, cuando alguien hace caso omiso de la ley poniendo en riesgo la seguridad de los demás, por ejemplo, el mensaje que se le debería hacer llegar a esa persona u organización tendría que ser lo suficientemente claro como para que no se le ocurriera volver a hacerlo nunca más.

Sin embargo, lo que perciben los transgresores es que están autorizados a seguir actuando como les dé la gana. Es más que evidente que tienen barra libre de infracciones.

De hecho, desbordadas por falta de recursos y exceso de trabajo —una situación a veces propiciada por los intereses políticos de turno, por cierto—, muy a menudo las autoridades competentes no tienen otra opción que dejar de intervenir, descalificando así la que debería ser su arma más eficaz para prevenir males peores: la que consiste en educar según los principios introducidos por Cesare Beccaria hace más de dos siglos. En primer lugar, él de la certeza de la pena.

Si os fijáis, lo que está ocurriendo ahora mismo en muchos contextos es exactamente lo contrario: estamos delante de un fomento generalizado de la permisividad que nos lleva inevitablemente a la triste certeza de la impunidad.

Ojalá se dejara de actuar a toro pasado.
Ojalá, en lugar de seguir subestimando las alarmas, se pasara a la acción castigando lo que nunca se debería haber permitido.
Ojalá todo el mundo entendiera que, sin intervención, no hay educación, ni prevención…